El ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que más vale tarde que nunca. En medio de la escalada de tensiones, De Guindos ha asegurado, en una entrevista con el diario británico 'Financial Times', que si la Generalitar da marcha atrás en los planes independentistas su ministerio se puede sentar a discutir de todo, incluyendo el modelo de financiación.

"Si los planes para la independencia se retiran, podemos hablar. Cataluña ya tiene una gran autonomía, pero podíamos hablar sobre la reforma del sistema de financiación y otros asuntos", ofrece el Gobierno.

El ministro asegura en su conversación con el corresponsal en Madrid que lo previsto para el 1O es una "pantomima" sin ningún tipo de legitimidad y base legal, el mismo mensaje que transmitió el fin de semana pasada a sus colegas europeos durante la celebración del Eurogrupo en Tallin (Estonia).

Pero al mismo tiempo, De Guindos ofrece una salida y lo hace apelando al que fuera uno de los elementos de más tensión al inicio de la pasada legislatura: el Pacto Fiscal. "En 2012 estábamos en el medio de la crisis y nuestro objetivo era evitar el rescate de España... pero ahora la situación ha cambiado, tenemos más margen fiscal, tenemos una recuperación, y eso abre nuevas oportunidades de discusión", señala.

El Gobierno no es contrario a discutir el sistema de financiación, algo en todo caso muy tenso en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde por ejemplo se fijan los objetivos anuales de déficit para las CCAA. Oriol Junqueras, por ejemplo, no acudió siquiera a la última cita este verano. Pero sí fue muy tajante a las peticiones de Barcelona en 2012.

El ex president de la Generalitat ha señalado varias veces que "con el P acto fiscal no habría convocado elecciones" entonces, preludio de la situación presente. Pero el presidente Mariano Rajoy lo rechazó al considerar que era "contrario a la Constitución". En una nota emitida tras verse con Mas, Moncloa señaló que se oponía totalmente "a un concierto económico para Cataluña" por no ser "compatible con la Constitución Española, que todos los gobernantes están obligados a cumplir y a hacer cumplir".