España

El Supremo, contra las presiones del Gobierno: "Se está asimilando como normal la destrucción del Estado de derecho"

TRIBUNALES

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez BERNARDO DÍAZ

Las declaraciones del Gobierno contra la acusación por el delito de rebelión que pesa sobre nueve líderes del proceso soberanista, así como los contactos políticos con presos y huidos del 1-O para conseguir aprobar los Presupuestos, son según fuentes del Tribunal Supremo hechos de "extraordinaria gravedad". "El problema es que se está asimilando con normalidad lo que es un síntoma de destrucción del Estado de derecho", sostienen las fuentes consultadas.

El intento del Ejecutivo de descalificar la acusación de rebelión la inició el miércoles el propio presidente, Pedro Sánchez, y la continuó este jueves la vicepresidenta, Carmen Calvo. Esas manifestaciones del Poder Ejecutivo contra la actuación del Poder Judicial "deberían haberse evitado", a juicio del Supremo. Según fuentes de la Sala de lo Penal, la consecuencia es "una erosión en la credibilidad" de las resoluciones judiciales en torno al 1-O.

En el Pleno del Congreso, Sánchez aseguró que ya Federico Trillo defendió en 1994 que "el delito de rebelión es inherente a un golpe de Estado, que se tiene que dar por militares o por civiles armados a las órdenes de militares". Este jueves, Calvo fue aún más explícita en una entrevista en Onda Cero al explicar que "un golpe de Estado requiere el uso de la fuerza" y que la rebelión es el delito más próximo al golpe de Estado, que no está tipificado como tal.

La vicepresidenta respaldó una reforma del Código Penal en esa línea y recordó al decisión de un tribunal alemán de no entregar a Carles Puigdemont por rebelión al no detectar ese elemento de violencia. "En cualquier legislación, aquí y en Alemania, ya dio prueba el tribunal de Schleswig-Holstein. Este país [España] tendrá que adecuar en su momento", recalcó.

Fuentes del Supremo denuncian que mensajes así por parte del Ejecutivo pueden perjudicar las decisiones judiciales que aún están pendientes en el extranjero, como nuevas reclamaciones de los huidos -por ejemplo, ante una eventual sentencia condenatoria- o la revisión de lo actuado ante el Tribunal de Estrasburgo.

Fuentes del Supremo relacionan las declaraciones de estos días con las críticas también recientes a las prisiones provisionales y con los contactos con el encarcelado Oriol Junqueras por parte de Pablo Iglesias, socio prioritario del Gobierno, para defender los Presupuestos pactados con Sánchez. "Con alguien que en unos días puede recibir una acusación del fiscal de 25 años. Es insólito", afirman, lamentando que se refuerza así el discurso de quienes sostienen que se trata de un juicio político impulsado por un tribunal conservador. "El juez alemán dirá ahora 'qué razón tenía yo cuando decía que allí no había una rebelión, si hasta la clase política los está considerando como interlocutores válidos'", añaden.

En el Tribunal lamentan que se está pasando de las "presiones implícitas" a las "explícitas", más graves porque propician "los juicios paralelos". "Deben respetar la separación de poderes y dejar trabajar a los jueces". Señalan que "no debe de haber nunca influencias en los tribunales, pero si las influencias vienen del Gobierno deben tomarse con mayor preocupación".

Los independentistas llevan meses exigiendo gesto tras gesto al Gobierno para garantizar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. Tanto el PDeCAT como ERC han considerado positivo que el presidente haya puesto en duda la aplicación del delito de rebelión. Y con todo, no lo consideran suficiente.

El guiño de Sánchez al independentismo se produce en un momento crucial del proceso judicial. Además, el presidente lo lanzó en su comparecencia ante el Pleno del miércoles y en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban. El nacionalista vasco acababa de rechazar que en Cataluña haya habido un golpe de Estado, como afirmó Pablo Casado. "¡Basta ya de hablar de golpe de Estado en Cataluña!", aseguró, "lo que ha habido es una crisis constitucional en torno a la identidad nacional catalana y eso se aborda políticamente".

Sánchez aseguró que esa era "una reflexión muy acertada". Fue en ese momento cuando recordó la referencia de Trillo al delito de rebelión. La misma cita del ex dirigente y ex ministro del PP utilizó este jueves la vicepresidenta, que justificó que la rebelión es el tipo más próximo al golpe de Estado, que no existe como tal. Calvo insistió en que "para hablar de golpe de Estado, para hablar de delito máximo, tenemos que hablar de instrumentos de fuerza, que son los que hablaba el señor Trillo".

Fuentes oficiales del Gobierno aseguraron que, al margen de esta opinión, no se va a dar ningún tipo de orden o indicación ni a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado sobre en qué sentido tienen que ir sus escritos de acusación.

Calvo afirmó que "desconoce" en qué sentido está trabajando el equipo de la Abogacía, que depende del Ministerio de Justicia. Sí apuntó que el escrito se presentará en torno al 2 de noviembre.