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“Un mínimo de 6.407 mujeres y personas gestantes debe desplazarse cada año fuera de su provincia, su isla o, incluso, su Comunidad o Ciudad Autónoma para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”. Son los datos que ofrece el informe Las 45 barreras más importantes para acceder al aborto, realizado por L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. En nuestro actual sistema jurídico el aborto está despenalizado desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, en la que se indica la regulación por tiempos de gestación: hasta las 14 semanas la toma de “decisión es libre e informada, sin interferencia de terceros”; hasta la semana 22, la ley permite la interrupción del embarazo siempre “que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada”, o “que exista riesgo de graves anomalías en el feto”; y más allá de la semana 22, “la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que ‘se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida’. El segundo supuesto se circunscribe a los casos en que ‘se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”, explica la ley.
Las competencias sanitarias son responsabilidades de las comunidades autónomas, por eso nos encontramos diferentes niveles de implicación de la red pública en estas intervenciones: en algunas, sí se están realizando en centros públicos; mientras que en otras, todo se sigue derivando a clínicas privadas, aunque la intervención sigue resultando gratuita para la paciente. “Esta última opción puede incidir en una precarización del servicio y además ofrece unos estándares de seguridad mucho más bajos de los que podrían tener las gestantes en el sistema público”, comenta Mónica García, de Más Madrid. El partido presentó el pasado 29 de junio una denuncia al Defensor del Pueblo a raíz del caso de Marta Vigara, a quien el hospital San Carlos de Madrid derivó en 2020 a una clínica privada tras presentarse con una rotura de placenta en urgencias. El motivo: la objeción de conciencia de su equipo de ginecólogos al completo. En la denuncia se destaca que “la Comunidad de Madrid presenta un porcentaje del 100% [de interrupciones voluntarias de embarazos] realizadas en hospitales privados. Además de Madrid, únicamente cuatro comunidades autónomas tienen porcentajes de IVE [interrupción voluntaria del embarazo] en hospitales privados superiores al 75%: Castilla-La Mancha (99,9%), Castilla y León (82,5%), Extremadura (100%) y Murcia (100%)”.
Si en los dos primeros supuestos de la Ley Orgánica, las mujeres embarazadas tienen la decisión última para llevar a cabo la intervención, cuando se alcanzan las 22 semanas, la resolución es tomada por un comité clínico. Este comité clínico debe emitir su dictamen en un plazo máximo de 10 días; estar compuesto por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y por un pediatra, según el Real Decreto de desarrollo parcial de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobado el 25 de junio.
La gestante puede elegir uno de los facultativos especialistas o expertos. El comité debe empezar a deliberar a las 24 horas de que exista un diagnóstico. Desde L'Associació Drets Sexuals i Reproductius confirman que la realidad dista mucho de lo que exige la ley. “Nos llegan muchas mujeres de Murcia, de la parte de Lleida, Pirineos o Tarragona. Suelen estar desorientadas porque no les dan ninguna información, porque el comité les ha negado la intervención… Los diagnósticos deberían ser pruebas objetivas, pero lo que vemos no es así y el resultado coincide con el sesgo político, religioso o moral que tenga la zona”, informa Sílvia Aldavert García. Desde la asociación no solo las ayudan con apoyo psicológico, sino que además las informan y las acompañan en las gestiones del protocolo. “Iniciamos procesos paralelos en su comunidad autónoma, en Barcelona y en Bruselas”, detalla Aldavert. Bélgica no contempla la objeción de conciencia en estos supuestos, de ahí que entre en la lista.
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La llamaremos Sara, porque no quiere revelar su nombre, vive en una población no muy grande, donde todo el mundo se conoce. Acaba de abortar y es una de las mujeres españolas que ha tenido que viajar hasta Bruselas para poder llevar a cabo la intervención después de las 22 semanas de gestación. En su caso, el protocolo médico y legal la arrastró hasta la semana 30 y los resultados finales que obtuvieron verificaron la necesidad de esa interrupción. Nos la presenta Raquel Gómez Rodríguez, psicóloga de Atenció Espai Lila del Centre Jove D'atenció a les Sexualitats (CJAS). Cuando hablamos con ella a Sara aún le queda volver a Bélgica a recoger las cenizas de su hija, no quiere más angustias, quiere pasar su duelo con toda la calma que pueda. La tristeza es palpable en su forma de mirar y en su tono al hablar, que aun siendo firme parece que en cualquier momento se va a resquebrajar.
Su historia comenzó como cualquier pareja feliz, que ilusionada, esperaba el nacimiento de su primer retoño, pero todo se torció y el sistema se convirtió en su peor enemigo. Cuando Sara y su marido se percataron, en la ecografía de la semana 20, de que la niña apenas tenía movilidad, al ver que los médicos “no le dieron importancia”, se fueron a casa tranquilos a la espera de la siguiente cita, dos semanas después. Fue en esta nueva ecografía cuando las alarmas comenzaron a saltar al confirmarse aún menos movilidad en el feto. “Me dieron la opción de hacerme una amniocentesis [una prueba que se realiza durante el embarazo para diagnosticar ciertos trastornos genéticos, defectos congénitos y otros problemas de salud en un feto] por si yo quería buscar un diagnóstico”, nos explica Sara, a la que desde Ginecología le informaron de al estar ya en la semana 22 de gestación, la última decisión ya no iba a depender de ella. “Sin embargo, no me dijeron que abriera un comité clínico”. Ese lunes le dieron la cita para realizarse la amniocentesis el jueves de esa misma semana. Durante ese periodo la pareja comenzó a investigar cuál era su situación legal y qué pasos debían dar. “Vimos que había casos en los que había mujeres a las que, a pesar de que el feto presentaba una enfermedad importante, les decían que no y ahí empezaron los miedos”, confiesa Sara rememorando aquella angustia que le acompañaría varias semanas más. Una vez derivados a la especialidad de Genética y realizada la prueba, esperaron una semana más a los resultados. Desde este departamento les tranquilizaron diciendo que el proceso iba a ser rápido y que tal y cómo se presentaba la situación no habría ningún problema en llevar a cabo la interrupción del embarazo, porque parecía claro que la niña tenía problemas serios. Sara y su pareja debían despedirse del bebé que con tanta ilusión estaban esperando y de todas las expectativas que habían creado en torno al nacimiento de su hija.
“Los resultados fueron negativos para la enfermedad que buscaban, había que hacer un examen más exhaustivo del genoma y nos pidieron un mes más”. Lo que le llevó hasta la semana 28 de gestación. La disparidad de opiniones entre las diferentes especialidades acrecentó la angustia de Sara: Ginecología decía que era alentador que los resultados fueran negativos y que la morfología de la niña estaba bien; Genética les ofrecía un panorama mucho más preocupante porque el cuadro clínico que presentaba el feto era muy malo. “Durante ese tiempo, realizamos diferentes llamadas a genetistas, a ginecólogos y buscamos segundas opiniones”. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con la asociación, y comenzaron a hablar con Jordi Baroja Benlliure, director del CJAS i del programa jove de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Él les informó de que tenían que iniciar el proceso para formar el comité clínico.“Genética ya me advirtió antes de que lo iniciara incluso sin los resultados, porque tardaba bastante, no así Ginecología”, cuenta Sara. El protocolo se inició en tres frentes: su comunidad autónoma, Cataluña y Bruselas, el tiempo estaba en su contra y Sara veía cómo la despedida de su hija se alargaba de manera cruel, mientras seguía creciendo en su vientre. La razón por la que se abrió el proceso en la capital belga es porque tiene la misma legislación que en España, pero no hay objeción de conciencia en estos supuestos por lo que los pasos son muchos más rápidos.
“Cuando en mi Comunidad les dije que quería meter a un representante de mi parte en el comité, me dijeron que legalmente no se podía, que el comité ya estaba formado y no se podía cambiar, que escribiera mi nombre, apellidos y dirección, que adjuntase las pruebas y me esperase a su respuesta”, nos revela. Los resultados de la prueba se alargaron mucho más de lo normal y cuando llegaron solo lo hizo una parte, que enviaron a Barcelona y a Bruselas. “Barcelona me contestó que no lo tenían claro todavía, Genética me pidió más tiempo para ver de dónde venían esas anomalías. Dos o tres semanas más”. Sara estaba ya en ese momento rozando la semana 30, por ello cuando el equipo médico de Bruselas dio por válidos y suficientes esos resultados para llevar a cabo la intervención, no dudaron en volar hasta allí. En la ciudad belga la situación dio un giro de 180 grados: “Una ginecóloga estuvo acompañándome durante todo el proceso, fueron muy profesionales y sensibles con la situación. Cuando recibimos los resultados finales, el panorama que presentaron era aún peor del que nos habíamos imaginado al inicio”.
La pareja tuvo que dejar a sus familias, en España, pendientes del teléfono y apoyando, en remoto, a una madre que llevaba postergando el duelo de su hija muchas semanas atrás, después de haber tomado la decisión más dura de su vida. Actualmente, Sara no sabe nada del comité de su Comunidad; del de Barcelona sí, recibió noticias días después y se mantuvieron en contacto. La pareja pudo asumir los gastos de desplazamiento y el hotel en Bruselas, durante una semana; los gastos médicos fueron asumidos por la Unión Europea.
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Falta de formación y objeción de conciencia como escape
A pesar de la claridad de la ley, miles de mujeres se encuentran con barreras desde la Sanidad Pública, viendo de esa manera amenazado su derecho al aborto y abocadas a un periplo en el que la desinformación y la objeción de conciencia suelen ser los escollos más grandes. “Cuando la ley entra en vigencia, en julio del 2011, el sistema sanitario no estaba preparado, existía el circuito de clínicas privadas que se había desarrollado tras la ley de 1985, en la que el aborto era legal, pero no lo cubría la sanidad pública, por eso se decidió usar esta red con la intención de que la pública, paulatinamente, fuera absorbiendo este tipo de intervenciones ”, nos explica Sílvia Aldavert García, coordinadora de L'Associació Drets Sexuals i Reproductius, que ayuda a mujeres que deciden abortar por algunos de los supuestos que marca la ley, pero que se sienten desvalidas por el kafkiano proceso. “Una situación que debía de ser de transición se quedó como estaba, porque nunca ha habido voluntad política, ni formación, ni presupuestos para llevarla a cabo”, denuncia Aldavert.
“Primero de todo hay una falta de formación porque el aborto tiene sus técnicas específicas que hay que aprender, y aunque la ley existe desde 2010, la interrupción del embarazo no se ha integrado en las carreras de Medicina y en la especialización de Ginecología y Obstetricia”, nos explica Francisca García Gallego, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “No es una práctica que otorgue méritos profesionales, así que no hay muchos médicos que quieran desarrollarla”, repara la doctora. “En cuanto a si la objeción de conciencia está siempre sujeta a un dilema ético: es obvio que no siempre. Sí es cierto que el estigma está ahí, por eso requiere un cierto compromiso: aunque a ti te consideren un médico de segunda categoría porque realizas abortos, debes ser capaz de asumir con cierto orgullo, al mismo tiempo, que tú estás haciendo algo para respetar el derecho de la mujer a decidir y para cumplir la ley”.
“Por supuesto que se debe respetar el derecho a la objeción de conciencia para los abortos voluntarios, pero para empezar, en los equipos médicos tiene que haber objetores y no objetores; y en segundo lugar, hay que suspender ese derecho cuando tiene que primar el derecho a la salud de la madre y su bienestar, la emergencia vital”, puntualiza Paula Fraga, jurista y abogada especializada en derecho penal y de familia. A día de hoy, no existe un censo de los médicos españoles que se acogen a la objeción de conciencia. “La ley de 2010 ya la regula perfectamente, pero no se ha hecho un seguimiento. En la asociación, con ayuda de muchos profesionales, conseguimos datos que no habían salido nunca en Cataluña: prácticamente el 46% de profesionales se declaran objetores de conciencia”, pero del resto del Estado no se sabe nada, aunque Mónica García afirma “que son pocos casos, pero con poder”.
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