Las escuchas, sin denuncia

Los agentes que investigan las grabaciones en Interior tienen dificultades en su labor al no estar judicializadas

'Público' se niega a entregar a la Policía las grabaciones al ministro del Interior

El reducido grupo de agentes encargados de las pesquisas sobre la grabación y difusión de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, camina despacio. No lo tienen nada fácil. Como recuerdan, son conversaciones que se produjeron hace 20 meses, lo que dificulta enormemente cualquier gestión sobre los teléfonos móviles de los afectados.

Pero, además, los miembros de la Comisaría General de Policía tienen una dificultad más: el asunto aún no está judicializado. ¿Quiere esto decir que no tienen potestad para investigar y actuar? No. Ellos son agentes de la Policía Judicial, puedan trabajar, avanzar, investigar porque están tratando de esclarecer un delito: la grabación y difusión de conversaciones privadas. Además, conversaciones que pueden, en un momento dado, afectar a la seguridad del Estado ya que uno de los afectados es el ministro del Interior.

Pero, al no estar judicializado el caso, sus peticiones a posibles testigos pueden encontrarse con una negativa. En este caso, la investigación se ha activado por la orden del ministro del Interior al jefe de la Comisaría General de Policía Judicial. Pero ninguna de las partes afectadas, sobre todo en el caso del director de Antifraude, ha presentado una denuncia en los juzgados por ser víctimas de una grabación de sus conversaciones. Algunos apuntan también que la actuación podría haber procedido de oficio por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que, evidentemente, se trata de un delito.

El hecho de no estar judicializado es lo que ha provocado una primera situación de bloqueo para los investigadores. Agentes de la Policía Judicial acudieron durante la tarde de ayer al periódico Público, el que ha revelado las conversaciones entre Jorge Fernández y Daniel de Alfonso. Pero se marcharon sin ellas tras recibir una respuesta negativa a su petición.

Previamente, según explican desde la Policía a EL MUNDO, los agentes contactaron por la mañana con el director del medio para conocer si estaría dispuesto a entregar este material a los agentes que están investigando el caso. Tras mostrarse dispuesto a facilitar copias de estas grabaciones, los agentes quedaron en acudir por la tarde a las dependencias del diario. Pero al llegar y solicitar al director el material, éste les dijo que sólo si había una orden judicial el periódico iba a entregar las polémicas grabaciones. Los agentes de la Policía Judicial abandonaron el diario tras recibir esa negativa.

Para los investigadores es fundamental poder estudiar la grabación completa con el fin de intentar determinar cómo se ha realizado.

Los agentes formaban parte de la Comisaría General de la Policía Judicial, el departamento al que Fernández Díaz encargó el pasado 21 de junio -cuando se publicó la primera entrega de sus conversaciones- la investigación interna sobre un asunto que ha estallado en la recta final de la campaña electoral del 26-J, en la que el ministro en funciones es cabeza de lista del PP en Cataluña.

Las grabaciones se realizaron entre el 2 y el 16 de octubre de 2014 y en las mismas se escucha al titular de Interior en funciones y al director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Según explicaron fuentes cercanas a las pesquisas, pese a que se trata de avanzar a velocidad de crucero, no logran alcanzar hipótesis firmes.

La posibilidad de que las grabaciones hayan sido realizadas por agentes de la seguridad del Estado, de los que forman parte de las denominadas cloacas, sigue siendo una de las tesis más fuertes.

Los analistas policiales tratan de estudiar la situación en el Ministerio del Interior hace 20 meses, los trabajadores que había en sus dependencias, los mandos policiales, los destinos de los considerados peligrosos... Pero, sobre todo, se están analizando las consecuencias de la difusión de las grabaciones. La pregunta que se realizan estos analistas es la siguiente: ¿A quién beneficia la difusión de los encuentros entre el director de la Oficina Antifraude y el ministro del Interior? En todos los casos, este es uno de los análisis que ponen sobre la mesa. Pero, en este particular, para poder llegar a conclusiones, los agentes necesitan tener acceso al contenido completo de las grabaciones y así obtener una conclusión que abra la vía a una hipótesis firme sobre la autoría.

La coincidencia temporal de los últimos escándalos policiales está también en fase cruzada de estudio.