Cristina Cifuentes podría ser imputada por las Marchas de la Dignidad del 22-M
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, escribe sobre la querella interpuesta por las Marchas de la Dignidad 22-M
La querella presentada por un grupo de manifestantes radicales que participaron en la llamada Marcha de la Dignidad, el 22 de marzo de hace ya dos años, en 2014, es un auténtico disparate y carece del más mínimo fundamento.
Según parece, está basada en una supuesta prevaricación administrativa, es decir, dictar una resolución injusta, por parte de todos los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, incluidos mandos operativos y yo misma como delegada del Gobierno en Madrid, por las medidas que se tomaron ante los violentísimos incidentes ocurridos al final de la manifestación conocida como Marcha de la Dignidad.
Todos recordarán lo que ocurrió el 22 de marzo de 2014: un grupo de manifestantes agredió brutalmente a la policía, resultando heridos 67 agentes; causó enormes daños a los comercios y establecimientos del Paseo de Recoletos, y destrozó todo el mobiliario urbano y cajeros de entidades bancarias, que se encontraba a su paso, efectuándose 29 detenciones.
Aún recuerdo la tremenda imagen de un reducido grupo de Policías rodeado por los violentos, que les lanzaban piedras, adoquines y trozos del mármol de las terrazas del Café Gijón, en un auténtico linchamiento, que pudo tener resultados fatales.
Quienes teníamos responsabilidades en aquellos momentos en materia de seguridad ciudadana, lo que hicimos fue cumplir la ley para restablecer el orden público y evitar los graves daños físicos y materiales que causaban los violentos.
Hoy, sin embargo, quienes cumplimos la ley y velamos por la seguridad de los ciudadanos nos vemos en el punto de mira de los violentos que la vulneraron sin miramientos, y que están tratando de instrumentalizar las leyes y la Justicia, como arma de descalificación y manipulación política.
Es el mundo al revés.
El hecho de que se haya pedido a la Asamblea de Madrid certificación de mi condición de aforada, forma parte de la lógica tramitación de una querella de este tipo, con carácter previo a su admisión formal, y no tiene ningún significado especial.
No es la primera vez que soy objeto de una querella relacionada con el cumplimiento de mis obligaciones como Delegada del Gobierno, formulada con intenciones torticeras, tengo plena confianza en la Justicia, y en esta ocasión, como en otras anteriores, la Justicia pondrá a cada uno en su sitio.
Permítanme, en todo caso, que exprese una vez más mi reconocimiento y mi gratitud por el extraordinario trabajo que llevaron a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquel 22 de marzo de 2014, poniendo en riesgo su propia seguridad para garantizar la de los ciudadanos, y mi más absoluto rechazo a los violentos que solo pretenden romper la convivencia democrática, como por desgracia estamos teniendo ocasión de comprobar estos días en Barcelona.