El auto de prisión contra el ex presidente madrileño Ignacio González, al que ha tenido acceso EL MUNDO, dibuja la más desoladora situación que haya podido leerse sobre nuestro país en los últimos años. Según detalla el juez Velasco en su texto, no estamos ante una práctica corrupta fruto de unos cuantos políticos y empresarios desleales que pusieron la administración pública a su particular disposición, sino ante una "organización criminal" que ha horadado las estructuras de nuestro sistema y amenaza con hacerlo caer.

La red creada por González, integrada por algunos de sus familiares, testaferros y unos cuantos directivos del Canal de Isabel II, tenía el propósito de desfalcar las arcas de la Comunidad de Madrid para enriquecerse personalmente y financiar de forma ilegal al PP. Para ello, el que fuera número uno de los populares madrileños no dudó en poner al servicio de esa actividad criminal con ramificaciones en Latinoamérica al Canal de Isabel II, la empresa de gestión del agua de titularidad pública, y diversas instituciones y organismos como la Agencia de Informática y Comunicaciones de la CAM. Sólo en una de sus operaciones, la compra de la brasileña Emissao, se provocó una "lesión al patrimonio público madrileño de 25 millones de dólares aproximadamente", según puede leerse en el auto. En éste se describen minuciosamente otras actuaciones delictivas que pasan por el "desvío de fondos a su círculo familiar más cercano", el cobro de comisiones ilegales, el blanqueo de capitales y misteriosas operaciones en cuentas off shore a través de sociedades opacas y testaferros. La lista de delitos que se le imputan a Ignacio González y al resto de detenidos es abrumadora e incluyen la malversación, el cohecho, el blanqueo, la falsificación documental o la prevaricación. Aunque en el auto no queda demostrado que González fuese el destinatario de comisiones a cambio de concesiones de obras públicas, queda acreditada la creación de una trama destinada al saqueo.

La situación es realmente alarmante, porque la corrupción no sólo mina la eficacia de la gestión pública, sino que contribuye al descrédito del partido que sustenta al Gobierno y por extensión de toda la clase política. La Operación Lezo ha puesto de manifiesto que el combate de la corrupción no puede pasar sólo por una legislación severa, que sin duda es necesaria, sino por la toma de conciencia de los dirigentes políticos de que estamos ante un problema medular para garantizar la estabilidad política. Es necesaria una autocrítica, no sólo del PP sino también del PSOE, que tiene abiertas varias causas por corrupción, que conduzca a una profunda y sincera regeneración ética y política que frene la pérdida de credibilidad en el sistema. No hay que olvidar que el auge de los populismos se debe en parte a que la ciudadanía, afectada duramente estos años por la crisis económica, está cansada de ver cómo parte de sus impuestos acaban en manos de políticos y empresarios sin escrúpulos ante la pasividad de la dirección de los partidos. Si además, como ha ocurrido en este caso, trascienden las maniobras del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para bloquear y limitar el alcance de las investigaciones, los efectos son devastadores para la confianza en nuestra democracia. La actuación de Moix, que contrasta con la de sus subordinados que han participado en el proceso, demuestra también la urgencia de acometer una reforma a fondo que desvincule definitivamente al poder judicial del poder político.

O los partidos políticos se toman en serio el combate contra la corrupción, o será la corrupción la que termine por destruir el andamiaje político construido con el esfuerzo de los españoles desde la Transición. Y el primero que debe tomar medidas es el PP, ya que sus responsabilidades de Gobierno le obligan a dar argumentos convincentes al resto de los partidos de la Cámara con los que está obligado a consensuar cuestiones tan trascendentales como la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El PP no puede seguir ignorando la corrupción y debe hacer frente al enorme problema que supone, reconociendo sus errores del pasado y tomando medidas eficaces para evitar que vuelvan a reproducirse situaciones similares. Gobernar con la constante sospecha de la corrupción es condenar a España a vivir en una permanente inestabilidad política y social, que sólo se superará cuando se impongan la ejemplaridad ética y los ciudadanos puedan volver a confiar en sus representantes.